El Gobierno de México presentará un decreto para reestructurar y fortalecer a Talleres Gráficos de México (TGM), con el objetivo de garantizar mayor transparencia, vigilancia y capacidad de producción de documentos oficiales y materiales electorales. Como parte de los cambios clave, la Junta de Gobierno del organismo pasará de 5 a 7 integrantes, y próximamente se darán a conocer los nombres de los tres consejeros independientes que se sumarán a ella, así como el del próximo Director General de la institución.
La estrategia busca revertir la dependencia de proveedores privados en los procesos electorales locales, ya que en 2024 el 59 % de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) —19 de 32— no imprimió sus boletas con Talleres Gráficos.

Nueva estructura y blindaje contra conflictos de interés
Con la emisión del decreto se pondrá en marcha la Fase 1 de la reestructuración (de noviembre de 2026 a junio de 2027), manteniendo al organismo sectorizado en la Secretaría de Gobernación (Segob) bajo las siguientes reglas:
- Nueva Junta de Gobierno (7 miembros): Estará presidida por la Secretaría de Gobernación e integrada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, además de tres consejeros independientes provenientes de la UNAM, el IPN y el Tecnológico de Monterrey. Asimismo, podrá invitar a sus sesiones a instituciones electorales y responsables de auditoría.
- Requisitos para la Dirección General: Quien asuma la titularidad deberá cumplir con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, no tener conflictos de interés públicos y no haber sido representante, socio o empleado de proveedores de documentación y material electoral en los cinco años previos.
- Transparencia y compras: Se abrirá un padrón público de contratistas valorando su capacidad técnica y financiera, prohibiendo contratar a empresas sancionadas, observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o emplazadas por la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). También se solicitará una auditoría anual voluntaria a la ASF y se establecerán tarifas homologadas para el INE y los OPLEs.

Plan a dos fases hacia la Imprenta Nacional
El proyecto contempla una segunda etapa a mediano plazo para consolidar al organismo como la imprenta de todo el Estado mexicano:
- Fase 1 (Noviembre 2026 – Junio 2027): Fortalecimiento como organismo descentralizado mediante decreto, apertura de datos en contratos y convenio modelo para estados y OPLEs.
- Fase 2 (Julio 2027 – 2030): Formulación de una Ley de la Imprenta Nacional de México con mandato exclusivo para documentación electoral y de seguridad, reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), modernización de infraestructura y la creación de un almacén nacional para recuperar, reparar y reutilizar urnas y canceles entre elecciones.
Con estas medidas, el Gobierno federal proyecta generar ahorros significativos mediante planta propia, consolidar formatos y actas de la administración pública, y establecer un catálogo único de especificaciones y precios para los procesos electorales en todo el país.

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