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  • Dan marcha atrás a contratos millonarios de Laura Fernández

    El Ayuntamiento de Puerto Morelos, la XVII Legislatura y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), negaron su aval a dos contratos millonarios realizados entre el Ayuntamiento de Puerto Morelos y personas morales bajo la administración de Laura Fernández Piña, debido a que se detectaron irregularidades en su asignación.

    Ayer, el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo (POE) publicó el acuerdo para que la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la XVII Legislatura atraiga los contratos CMPMICONIAPP/01/2021 y CMPMICONIAPP/02/2021 celebrados por Laura Fernández Piña,  y así dar marcha atrás.

    El primer contrato es para la construcción de un nuevo Palacio Municipal en la intersección de la carretera Federal 307 y la entrada a la Ruta de los Cenotes con un costo de 264 millones 848 mil 279.81 pesos.

    El segundo contrato es para la prestación del servicio de mantenimiento del alumbrado público por 20 años por 384 millones de pesos (con IVA), pagaderos mediante aportaciones mensuales por la cantidad de 1 millón 590 mil pesos.

    APRUEBAN REVISIÓN DE CONTRATOS

    El pasado 1 de junio la actual presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, resolvió, en sesión extraordinaria, que el contrato identificado con el folio CMPM/CON/APP/01/2021 y celebrado para crear la “Unidad de servicios administrativos ‘Puerto Morelos’, consistente en un centro de atención a los ciudadanos, oficinas Administrativas para la prestación de los servicios públicos del municipio” fuera revisado por la XVII Legislatura.

    El contrato para la prestación del servicio fue firmado por el Ayuntamiento (2018-2021) que presidió la aun diputada federal Laura Fernández Piña, con la persona moral denominada INOCARIBE SA de CV, hasta por la cantidad de 264 millones 848 mil 279.81 pesos.

    La razón, fue por la falta de claridad financiera, la información incompleta y las condiciones contrarias detectadas a lo publicado y autorizado por el Legislativo, también fue negado darle de alta en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.

    Después de un análisis donde comparecieron autoridades de Puerto Morelos, la Comisión de Hacienda, Cuenta y Presupuesto de la XVII Legislatura, determinó no avalar dichos contratos celebrados por Laura Fernández Piña; porque “el extesorero municipal, Eligio Sierra Peña, ingresó el trámite el último día de la administración de Fernández Piña”, o sea el 29 de septiembre de 2021.

    Además, el Fideicomiso número 752221 fue creado exprofeso el 28 de septiembre de 2021.

  • Avanza regulación de motorrepartidores, diligencieros y mototaxis en Q. Roo; pendiente porcentaje que pagarán

    Avanza regulación de motorrepartidores, diligencieros y mototaxis en Q. Roo; pendiente porcentaje que pagarán

    La XVII Legislatura del Estado aprobó reformas a la Ley de Movilidad mediante las cuales se regulará el servicio de transporte de mototaxis así como el servicio de motorrepartidores y diligencieros.

    Además de incorporar conceptos como el de micromovilidad, para estar apegados y acorde a lo previsto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

    En la sesión ordinaria número 2 se aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo

    Y cuyo análisis inició en diciembre de 2022 y el dictamen fue elaborado en enero del presente año.

    Con las reformas aprobadas se reconocen como permisionarios a los motorrepartidores y diligencieros, así como a los mototaxis y a los transportes de micromovilidad.

    PERMISOS

    Se estableció que, para el otorgamiento de los permisos para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en vehículos tipo motocarros y/o mototaxis, de micromovilidad y de repartición y diligencias, se estará sujeto a la formulación de una declaratoria de necesidad expedida por el Instituto de Movilidad.

    En tribuna, el diputado José María Chacón Chablé, presidente de la Comisión de Movilidad aseguró que esta reforma se relaciona con la necesidad de reglamentar el funcionamiento de los prestadores de servicios, atendiendo a sus características y dotarlos de certeza jurídica.

    Agregó que, con las reformas, se atiende un rezago importante en el tema de regularización del servicio de transporte, que por muchos años nadie se atrevió a legislar.

    En lo particular, se aprobó una modificación al primer párrafo del artículo 85 ter, planteada por el diputado Humberto Aldana Navarro, respecto a las especificaciones que deberán cumplir los prestadores del servicio de transporte de repartición y diligencias respecto a las cajas de resguardo de productos, para lo cual se deberá establecer en el reglamento de la Ley de Movilidad.

    REGRESA A COMISIONES TEMA DEL PORCENTAJE QUE DEBERÁN PAGAR

    En otro punto, el Pleno Legislativo, a propuesta del diputado Chacón Chablé, determinó que temas como el porcentaje que las plataformas digitales deberán aportar por cada viaje contratado, así como lo relacionado al servicio de arrastre y salvamento, serán nuevamente revisados por la Comisión de Movilidad.

    Esto para formular un nuevo dictamen, únicamente para las reservas del párrafo tercero del artículo 85 ter y los artículos 89 y 156.

    Por otra parte, se turnó a comisiones la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada Cinthya Millán Estrella, en la que plantea exhortar al titular del Instituto de Movilidad del Estado, a iniciar los procedimientos administrativos en contra de los operadores o concesionarios del transporte público que hayan participado o participen cometiendo infracciones al orden público conforme a la Ley de Movilidad.

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