“Todos los títulos y certificados parcelarios están nulificados o son falsos” afirma Procurador Agrario, Luis Rafael Hernández Palacios, en conferencia mañanera sobre la franja que colinda al Mar Caribe en Tulum.
El funcionario federal puso fin a la polémica que existe en el Ejido Pino Suárez y exhibió la “Mafia Agraria”, misma que ha estado estafado a cientos de personas incluidos extranjeros en el estado de Quintana Roo.
A pregunta expresa de que si existe algún documento que ampare propiedades en la zona, Hernández Palacios, asentó que “no existe títulos válidos en este momento, en este ejido”.
“Igualmente como resultado del amparo que se interpuso contra la sentencia y que la confirmó, se estableció una medida cautelar en 2020 que prohíbe a cualquier autoridad de principalmente en este caso a la Procuraduría Agraria, que se tiene funciones de autoridad a participar en cualquier nuevo procedimiento de relativo a la delimitación, destino y entrega de tierra se ejidales, mientras no se resuelvan los juicios en donde se está peleando la titularidad de los terrenos colindantes con el mar”.Luis Rafael Hernández Palacios/ Procurador Agrario
Además exhibió que el representante del Registro Agrario en Quintana Roo contravino dichas resoluciones y emitió nuevos títulos, “motivó por el cual y por instrucciones de nuestro señor secretario, coordinador del sector agrario del Gobierno de la República, fue separado de su cargo y se reiteró la nulidad de los títulos de referencia”.
El procurador aclaró que ya no existe ninguna privatización de la tierra como la había en 1992 con la reforma ejidal y mencionó qué “en el proceso de parcelamiento se modificaron los ejidos y se extendió sobre porciones tituladas de terrenos nacionales”.
“Los procesos de las tierras de 2006 y de 2011 fueron combatidos por los propietarios y lograron la anualidad de ese parcelamiento del plano y la cancelación de 1,700 títulos”, precisó.Luis Rafael Hernández Palacios/ Procurador Agrario
Cabe destacar que el ejido José María Pino Suárez, se localiza al sur de Tulum, el cual se encuentra en una superficie privilegiada, ya que tiene un amplio frente costero.
La zona que conforma la selva está poco habitada, cuenta con cenotes, mangles y una laguna (Chunyaxché), y, sobre todo, destaca su cercanía con la reserva de la biosfera de Sian Ka’an.
Ante lo mencionado esto ha representado un espacio ideal para la especulación y la construcción de megaproyectos, lo cual supone la atracción de inversionistas nacionales y extranjeros así como un turismo dirigido a personas con alto poder adquisitivo.
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Román Meyer Falcón y el Procurador Agrario, Luis Rafael Hernández Palacios, pusieron fin a la polémica que existe en la franja hotelera de Tulum
Aclararon el tema de del ejido Pino Suárez y fue Román Meyer, quien mencionó que dicha zona tiene nula colindancia con el Mar Caribe, mientras que Hernández Palacios, explicó que todos los certificados parcelarios y títulos de dominio en esa zona, están cancelados o son falsos.
El procurador aclaró que ya no existe ninguna privatización de la tierra como la había en 1992 con la reforma ejidal y mencionó qué “en el proceso de parcelamiento se modificaron los ejidos y se extendió sobre porciones tituladas de terrenos nacionales”.
2/2 Con estas declaraciones se resuelve el TEMA DE FONDO y por fin termina la confusión, que por años a servidoa la “Mafia Agraria” para estafar a cientos de personas incluidos muchos extranjeros. Felicito la honestidad y valentía Román Meyer y el procurador agrario. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/DySGQlN0Ri— Amir Ibrahim (@AmirIbrahimQRoo) March 14, 2022
“Los procesos de las tierras de 2006 y de 2011 fueron combatidos por los propietarios y lograron la anualidad de ese parcelamiento del plano y la cancelación de 1,700 títulos”, precisó.Luis Rafael Hernández Palacios / Procurador Agrario
Dijo que “Igualmente como resultado del amparo que se interpuso contra la sentencia y que la confirmó, se estableció una medida cautelar en 2020 que prohíbe a cualquier autoridad de principalmente en este caso a la Procuraduría Agraria”.
CORRUPCIÓN EN QUINTANA ROO
Confirmó que el representante del Registro Agrario en Quintana Roo contravino las resoluciones antes mencionada.
“Emitió nuevos títulos, motivó por el cual y por instrucciones de nuestro señor secretario, coordinador del sector agrario del Gobierno de la República, fue separado de su cargo y se reiteró la nulidad de los títulos de referencia”. Luis Rafael Hernández Palacios / Procurador Agrario
Esta situación pone fin a la polémica y exhibe a la “Mafia Agraria”, misma que ha estafado a cientos de personas incluidos extranjeros y de la cual este medio a denunciando de manera puntual.
Mediante la tramitación de juicios de amparo directo ante el 29 Tribunal Colegiado de Circuito de Cancún integrantes del ejido José María Pino Suárez, en Tulum, esperan que se revoque la sentencia que reconoce las propiedades privadas de particulares en los terrenos colindantes con el núcleo ejidal; a la par han interpuesto juicios civiles para ser reconocidos como posesionarios.
“Estamos ante una incongruencia total”, señaló el abogado Víctor Salaya, quien explicó la situación que prevalece en la zona, donde el año pasado el Tribunal Superior Agrario confirmó las sentencias que había emitido el Tribunal Unitario Agrario en los juicios 09/2013, 441/2015 y 1102/2014, en las cuales el Tribunal Superior Agrario, compuesto por cinco magistrados y con sede en la Ciudad de México, confirmó el reconocimiento una línea limítrofe entre el ejido José María Pino Suárez y las propiedades privadas de las empresas Land Management y Grupo Alfil Construcciones.
Estos límites indican que las empresas colindan al poniente con el nuevo centro de población ejidal José María Pino Suárez y al oriente con el camino Tulum-Boca Paila. Ello confirma que el ejido no abarca terrenos en la zona federal marítimo terrestre, lo que ha sido su pugna durante décadas por la alta plusvalía de los sitios costeros, muchos de los cuales han sido vendidos y los nuevos dueños se encuentran con que no tienen la certeza jurídica de la tierra.
“Lo que llama poderosamente la atención es que un grupo de personas que evidentemente son ejidatarios pero que no están en la resolución presidencia del 8 de octubre de 1973 (cuando se conforma el ejido) de nombres Joel Tovar Arcos, Columba Archurdia Garrido, María Isabel Caro Cetina, Rodolfo Sosa Escobar, Ileana Tun Cauich y Juan Tun Mis envíen un escrito al Consejo de la Judicatura y al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haciéndole ver irregularidades en estos expedientes y al mismo tiempo están interponiendo amparos”, detalló el abogado.
Consideró esta estrategia de los ejidatarios como “un acto desesperado de querer llevar agua a su molino” cuando en realidad los magistrados del colegiado tendrán que analizar estos expedientes y tomar una decisión sobre si les conceden o les niegan el amparo; por otro lado, dijo, al mismo tiempo que ellos afirman a los medios de comunicación y a los tribunales colegiados y, anteriormente, a los agrarios que esta superficie es propiedad ejidal.
“Al mismo tiempo tenemos a personas como Juan Pastor Almazán Arteaga, Nancy Canaret y Antonino Almazán Arteada, que es de los líderes del ejido, interponer juicios civiles”, añadió.
En dichos juicios, los quejosos están demandando a Land Management y a Promotora Arena y Sal por prescripción adquisitiva, “es decir, no nada más reconocen con esto implícitamente que no es parte del ejido, sino que argumentan ahora que están en posesión de las propiedades de ambas empresas y pretenden que un juez civil los declare como dueños por el tiempo que tienen en posesión de las propiedades de estas empresas”.
Son, de acuerdo con el experto en derecho, cuatro o cinco juicios por prescripción adquisitiva los iniciados. Este concepto se usa cuando una persona está en posesión de un bien que sabe que no es suyo, pero sí propiedad privada y demanda al dueño para que la autoridad civil le reconozca como posesionario de la superficie.
“Curiosamente, estas demandas son sobre superficies que ellos reiteradamente por 30 años han insistido que son ejidales, y ahora como van perdiendo los juicios demandan la prescripción para ser ahora los dueños; eso es como una confesión expresa, una aceptación de que estos terrenos ya no son ejidales y como consecuencia que no llegan al camino Tulum-Boca Paila y menos a los terrenos de la playa”, indicó el abogado.
Las empresas aún no han sido notificadas de los recursos legales en su contra y será hasta que conozcan los expedientes que podrán definir una estrategia de defensa. Cabe destacar que los promoventes de estos juicios han hecho campañas de difusión en medios nacionales diciéndose afectados e incluso el caso ha sido ventilado en la conferencia de prensa diaria que ofrece la Presidencia de la República.
“La película que les cuentan a los medios es muy diferente. Ellos dicen ‘somos víctimas de irregularidades’ pero la realidad es que el control del nuevo centro de población ejidal lo tienen empresarios provenientes de otras partes del país, ya no están dedicados a la agricultura o alguna otra actividad considerada ejidal, realmente ya son inmobiliarias ejidales”, aclara el abogado.
El ejido Pino Suárez fue decretado en 1973, cuando la federación le dio tierra a campesinos de Tabasco que lo solicitaron; a lo largo de los años ha habido ventas de terrenos y de esos ejidatarios originales quedan muy pocos, actualmente, los dueños son empresarios entre los que destacan apellidos muy conocidos de Yucatán, Tabasco o la Ciudad de México.
El año pasado, un tribunal ordenó cancelar los certificados parcelarios y títulos de propiedad expedidos por el ejido en razón de que en una asamblea de 2006 el núcleo agrario agregó a los terrenos que le pertenecen 400 hectáreas (terrenos colindantes al camino Tulum-Boca Paila) que no les correspondía, pero les brindaban acceso a la playa, con la correspondiente plusvalía que eso conlleva.
Tras el fallo del juez el ejido debió regularizar las superficies de las que es propietario y ajustar el tamaño de las parcelas, pero en vez de ello en noviembre de 2021 optaron por interponer amparos.
Los terrenos de la playa “nunca fueron de ellos, nunca los recibieron como tal”, aclaró Víctor Salaya y agregó que desde 1994 un primer juez de distrito les dijo que no llegaban hasta allá “pero han insistido porque esta desinformación les ha generado ingresos”. Ahora los actores deben esperar a que radiquen los juicios de amparo en el tribunal colegiado, y darle la oportunidad a los magistrados de que revisen los expedientes y resuelvan conforme a derecho.
“Es un ejido afortunado por la particularidad de que ya tiene límites definidos, los ejidatarios son dueños de 10 mil hectáreas que están inmersas en Tulum y la zona de crecimiento va para allá, el tema del aeropuerto nuevo les va a beneficiar mucho porque (sus tierras) es la pasada obligada y el área de crecimiento siempre va a estar allí con ellos; si estuviera solucionado el tema de la playa seguramente el aeropuerto hubiera sido en sus tierras”, destacó el entrevistado.