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Benito Juárez.– Tras solicitar y obtener de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente, personal de la Fiscalía General del Estado detuvo a quien es identificado como Miguel Francisco “N”, por su probable relación en hechos posiblemente constitutivos del delito de trata de personas, en su modalidad de pornografía infantil.

La investigación sobre este caso deriva de una denuncia presentada por la Dirección Científica de la Guardia Nacional, la cual da cuenta de que, con autorización de la Agregaduría de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos en México (HSI, por sus siglas en inglés), se canalizaron tres reportes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés).

De dichos reportes se desprende que, a través de un pseudónimo, el señalado utilizó correos electrónicos y números telefónicos para difundir, distribuir, almacenar, producir, intercambiar y compartir imágenes y videos de material de pornografía infantil.

Por lo anterior, la Fiscalía obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Miguel Francisco “N”, quien está presuntamente relacionado con el material contenido en los servicios digitales analizados, los cuales se encuentran vinculados a un correo electrónico utilizado por el investigado para la carga y almacenamiento de material pornográfico infantil, desde una conexión a internet ubicada en el municipio de Playa del Carmen.

Cabe mencionar que el dictamen en la especialidad de Medicina, en escala Tanner, concluye que, de los archivos de material de pornografía infantil, estos corresponden a personas del sexo femenino.

Asimismo, el dictamen de la especialidad de Psicología Forense concluye que, del análisis de los archivos mencionados, se aprecia a personas, tanto femeninas como masculinas, menores de 18 años, realizando actos de exhibicionismo corporal y de índole sexual, además de ser agredidas y agredidos sexualmente de forma grave.

Luego de las diligencias correspondientes, Miguel Francisco “N” fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió; en el término constitucional previsto se definirá su situación jurídica.