TULUM, Q. ROO. –A diez meses con dos días que se dio la histórica mega invasión de predios propiedad del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE) del estado de Quintana Roo, pero extrañamente ya con dueños que compraron a ilusorios precios por metro cuadrado y donde sale a relucir que involucrado el exgobernador Roberto Borge Angulo ya preso en Panamá, familias invasoras se encuentras molestas y preocupadas porque sienten que autoridades de los gobiernos municipal y estatal les dieron “atole con el dedo” y no les van a cumplir.
Por obvias razones, varios de los entrevistados omitieron sus nombres por miedo a represalias, pero expresaron que ya pasó mucho tiempo y no ven claro y solo les dicen ahora: “Estamos en ello; aguanten”, pero nada y no ven claro.
Ahora los invasores que conforme a la ley como dicen por allí, ya pasan a ser posesionarios están preocupados porque surge el rumor que van a ser desalojados, pero a la vez muy molestos porque hubo una promesa de entrega de predios y todavía nada, y solo dan rollos y más rollos.
Tulum en este momento es como una bomba de tiempo por el caso de la mega invasión de hectáreas de terrenos de alta plusvalía y los “invasores o posesionarios” están cansados de promesas de autoridades municipales y estatales. Unos invasores dicen que está bien aunque sea un terreno en otro lugar, pero la gran mayoría que ya hasta construyó sus cuartitos de vivienda con madera y guano, otros de concreto, externan enojados que no están dispuestos a quitarse.
Y con el correr de meses se han dado enfrentamientos entre los mismos invasores por apoderarse de terrenos por lo que ha habido lluvia de pedradas, de incendios y dicen que hasta de detonaciones y mega detenciones. Y no hace mucho, un grupo de gente vival aprovechándose de personas humildes las sacaron para meter a otras por cantidades por varios miles de pesos. En un súper negocio se convirtió la mega invasión para unos cuantos, pero ya dos personas han sido detenidas y se les sigue un procedimiento de tipo penal por despojo en la Fiscalía General de Justicia.
Son tierras de alta plusvalía y hay muchos intereses detrás y ante todo lo que sigue pasando de la negativa “invasores” de salir de dichos predios, ya se rumora que autoridades ministeriales están en la búsqueda de la forma de desalojarlos.
Por todo lo que sigue aconteciendo, y ya con muchos intereses políticos y económicos de por medio en estos momentos, se hace urgente la intervención de nueva cuenta y directa del Gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y la presidenta municipal de Tulum, Romalda Dzul Caamal, sino quieren que les estalle en las manos la bomba por allí tirada.
CANCÚN, Q. ROO.- Ayer se realizó la sesión de instalación, así como la primera sesión ordinaria de la junta de gobierno de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo (AGEPRO) en las oficinas de la Secretaria de Desarrollo Económico, a cargo del Director General de la AGEPRO, Eduardo Ortiz Jasso.
Como parte de la transición en la creación de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo se aprobó́ llevar a cabo las medidas legales con la finalidad de dar continuidad y seguimiento a los procesos jurídicos que llevaba el extinto IPAE.
Se tuvo la presencia de los integrantes de la Junta de Gobierno: Rosa Elena Lozano Vázquez, titular de la Secretaria de Desarrollo Económico, en representación del Gobernador del Estado, Carlos Manuel Joaquín González; Rolando Mario Méndez Navarro, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Desarrollo Económico; Manuel Israel Alamilla Ceballos, titular de la Oficialía Mayor.
Asimismo, Alfredo Arellano Guillermo, titular de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente; Carlos Ríos Castellanos, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable y Rafael del Pozo, titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado, en su calidad de comisario.
Durante la sesión, se abordaron puntos relacionados con la presentación del Proyecto del Programa de Trabajo de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo para el periodo 2017, así́ como la Autorización, para la revocación, sustitución y otorgamiento de poderes para pleitos y cobranzas a los servidores que tendrán la representación jurídica y administrativa de la agencia, quienes estarán entre otras cosas, dando el seguimiento de los temas legales y administrativos en este proceso de transición del extinto IPAE a la nueva agencia.
CANCÚN, Q. ROO. – La creación de una agencia que sustituya al Instituto del Patrimonio del Estado (IPAE), será uno de los temas que se abordarán en el próximo periodo extraordinario de sesiones, dio a conocer el presidente de la Gran Comisión del Congreso, diputado Eduardo Martínez Arcila.
Se trata de la iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado y los Municipios de Quintana Roo, propuesta por el titular del Poder Ejecutivo dentro del paquete de reformas para reorganizar la administración pública.
“No pudimos aprobarla en este período que concluyó el pasado 31 de mayo, pero es importante para el Estado; existe el compromiso de sacarlo en un primer período extraordinario y será la próxima semana cuando se estaría convocando a los compañeros diputados”.
Martínez Arcila informó que la nueva ley propone establecer claramente que las empresas públicas o privadas puedan desarrollar infraestructura social.
“Lo más probable es que esta semana quede aprobado el dictamen para la creación de una Agencia, que será un ente público, dependiente o adscrito a la Secretaría de Economía, el cual va a ser el órgano técnico que va a integrar, conformar y desarrollar los proyectos estratégicos que tenga el gobierno del estado, bajo la modalidad de la inversión público-privada”, subrayó.
El presidente de la Gran Comisión explicó que existen ejemplos en otras ciudades donde se aplica este modelo y se han construido clínicas, hospitales, carreteras, incluso cárceles y desarrollos de infraestructura turística.
Martínez Arcila mencionó que, en el periodo extraordinario, cuya convocatoria podría ser emitida la próxima semana, se reanudará el análisis de esta propuesta en donde los integrantes de la XV Legislatura privilegiarán el beneficio para el Estado y desde luego, a los quintanarroenses.
El legislador aclaró que la creación de la Agencia no frenará las investigaciones y los procesos legales y judiciales que se siguen contra ex funcionarios del IPAE, puesto que son investigaciones que llevan tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de la Función Pública.
Dijo que la desaparición del IPAE, no implica desaparecer todos los expedientes y documentos que se investigan, “todo seguirá su curso”, reiteró el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura.
CIUDAD DE MÉXICO.- La apropiación irregular de tierras de alta plusvalía e interés comercial durante la administración de Roberto Borge impactó a siete de los 11 municipios de Quintana Roo. El municipio de Solidaridad, donde se ubican Playa del Carmen y Puerto Aventuras, perdió el 52% de su reserva territorial, a consecuencia la operación de despojo que la red de funcionarios, empresarios y políticos, junto con sus familiares.
De acuerdo con el portal Eje Central, el municipio más afectado fue Puerto Morelos, que perdió el 60% de su territorio. Benito Juárez (Cancún) sufrió el 36% de pérdida territorial; Cozumel el 23%; Tulum el 20% y Felipe Carrillo Puerto el 10 por ciento.
El empresario poblano Enrique Hernández es una pieza fundamental en esta trama, pues a través de él se constituyeron empresas cuya actividad principal se concentró en los sectores inmobiliario y desarrollador de vivienda social y de lujo.
La operación se consuma de la siguiente forma: autoridades en Quintana Roo les otorgaron las facilidades no sólo para localizar, sino para legalizar y acreditar los títulos de propiedad, así como permisos ambientales. Luego de las asambleas, se compran acciones o se venden los derechos de títulos de propiedad, de los cuales se simula su alta en el Registro Público de la Propiedad del estado, por lo tanto, no aparecen formalmente; es decir, las instituciones sellan la documentación necesaria para que las escrituras tengan valor institucional sin estar registradas.
Durante por lo menos los últimos tres sexenios, señalan los documentos obtenidos por Eje Central, funcionarios del Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización (Inforvir), del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda estatal y el Registro Público de la Propiedad de cada municipio han participado en este esquema de apropiación de predios.
Pérdidas Puerto Morelos 60% Solidaridad 52% Benito Juárez 36% Cozumel 23% Tulum 20% Felipe Carrillo Puerto 10%
Por ejemplo, se muestra cómo la mayoría de los títulos de propiedad fueron otorgados por Claudia Romanillos Villanueva, directora del Instituto del Patrimonio Estatal de Quintana Roo en el sexenio de Roberto Borge, y su antecesora, Gina Patricia Ortiz, durante el sexenio de Félix González Canto.
Los involucrados
También aparecen Santy Montemayor Castillo, actual diputada federal del Partido Verde Ecologista de México por el distrito III de Quintana Roo, y exdirectora del Instituto Municipal de Planeación del municipio de Benito Juárez; además de Sandra Mireya Bello Gutiérrez, nombrada delegada del IPAE en la isla de Cozumel por el gobernador Roberto Borge, el 16 de mayo de 2011.
Durante el gobierno de Borge, Claudia Romanillos fue la funcionaria más cercana al exgobernador dentro de la Tesorería General del estado y también en la Oficialía Mayor. En su gestión al frente del IPAE vendió, de acuerdo a documentos que forman parte de las pesquisas, las reservas territoriales en los siete municipios.
En todas las operaciones de trasferencia de propiedad, sostiene un informe, medió la autorización de Mauricio Rodríguez Marrufo, exsecretario del ayuntamiento de Benito Juárez, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Quintana Roo durante el sexenio de Borge.
Traiciones en el paraíso
Parte del entramado de esta red se ha logrado conocer gracias a que sus propios integrantes comenzaron a pelearse entre ellos, a través de juicios que han evidenciado las operaciones que les permitieron comprar predios casi a precio de remate y revenderlos a precios millonarios.
Entre finales de 2006 y hasta 2008, los socios de Comercializadora Ronac, una de las empresas con más actividad para la compra presuntamente fraudulenta de terrenos a precios subsidiados, bajo el amparo de los gobiernos estatales y municipales, se enfrentaron en un juicio por el manejo de la sociedad anónima.
De acuerdo el expediente del citado litigio, el pleito comenzó en octubre de 2006, con una denuncia por fraude que alegó Rafael Eduardo Comparán de León, entonces socio con 25% de las acciones de Comercializadora Ronac, en contra de sus socios Rodolfo Rosas Moya y Raúl Rubén Xacur Gómez, este último el accionista mayoritario de la empresa.
En la averiguación previa 3021/35ª/2006 también quedó asentada una denuncia por “la venta de bienes inmuebles propiedad de la empresa haciendo parecer en los contratos de compraventa montos muy por debajo del valor real de las operaciones”, esos montos, acusaba Comparán de León, eran depositados en cuentas personales de Rosas Moya y de Xacur Gómez, bajo el mismo modus operandi que aplicaban para apropiarse de terrenos estatales y municipales. Se refiere a una serie de terrenos valuados en casi 100 millones de dólares.
Club de complicidades
En esa operación los empresarios contaron con la aparente complicidad del presidente municipal de Solidaridad, Gabriel Mendicuti Loria, de Joaquín Hendricks y Garibay Osorio. El fraude consistió en comprar al municipio casi 600 hectáreas a un costo subsidiado de 11 pesos por metro cuadrado, a sabiendas de que Comercializadora Ronac ya contaba con un comprador privado que pagaría cinco mil pesos por cada metro cuadrado de esos mismos terrenos.
La denuncia fue desechada por el director de Averiguaciones Previas, Friedman Jesús Peniche Rivero, quien consideró que los socios no habían incurrido en algún delito, pero se pidió la revisión del caso. (Con información de Eje Central)
La operación se realizó de manera pacífica por la policía municipal y Seguridad Pública estatal sobre terrenos del IPAE; 8 promotores fueron detenidos
PUERTO MORELOS, Q. Roo.- Policías municipales apoyados por elementos de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública desalojaron de manera pacífica a unas 100 familias que invadían un predio en la parte sur de esta cabecera municipal.
Alrededor de las 14:00 horas, 40 agentes de la Policía estatal comandados por el subsecretario estatal de Seguridad Pública, Juan Martínez Rodríguez Olvera, y 30 elementos de la Dirección de Seguridad Pública municipal con Michel Tanuz Cruz al frente, acudieron a la zona invadida para pedir a los paracaidistas que abandonaran el lugar.
Alrededor de cien personas tomaron parte en la invasión
Francisco Mendoza Reyna, secretario general del Ayuntamiento, estuvo a cargo de la coordinación por parte del gobierno municipal que encabeza Laura Fernández Piña, con quien mantuvo comunicación constante.
“Actuamos en el marco de la colaboración institucional y respeto a la autonomía municipal”, dijo el secretario de Gobierno, Francisco López Mena.
La presidenta municipal también habló sobre el tema con López Mena y el gobernador del estado, Carlos Joaquín González.
40 agentes de la Policía estatal acudieron al terreno
También estuvo presente durante toda la operación Carlos Torres, director del Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE), pues una porción importante de la zona invadida es propiedad de esta instancia.
Fueron detenidas ocho personas a quienes se les identificó como promotoras de la invasión.
Todas ellas, del sexo masculino, fueron puestas a disposición del juez calificador, debido a que pretendieron incitar a la gente para que permaneciera en los predios, donde fueron encontrados en flagrancia por la policía.
La policía mantendrá su presencia en los predios invadidos al sur del municipio
La operación duró alrededor de dos horas, pero la policía mantendrá una presencia permanente para evitar que los predios vuelvan a ser invadidos. Los policías retiraron cercos de alambre que los invasores habían empleado para delimitar los lotes.
Alrededor de 2 mil ciudadanos tomaron diversas zonas de la ciudad en demanda de un terreno; diferentes versiones sobre los “cerebros” tras las movilizaciones
TULUM, Q. Roo.- Este domingo, Tulum amaneció con un escenario inusual: por lo menos dos mil personas invadieron diferentes zonas de la ciudad en busca -dijeron- de un lote para su familia.
Fueron cinco las invasiones que ocurrieron: la más numerosa, al poniente de la ciudad, donde se “repartieron” 700 lotes. Familias enteras se establecieron en el lugar.
Una de los cientos de familias que se instalaron hoy en los predios invadidos
Terreno ya macheteado
Machete en mano limpiaron su predio, acordonaron y lotificaron, colgaron sus hamacas, instalaron su fogón y amenazaron con no irse hasta tener una solución.
Predios acordonados para su división
Otro grupo de invasores se fue a la avenida Kukulcán y uno más junto al panteón municipal, con la misma tónica que los anteriores. Los policías municipales solo patrullaban, pero no hicieron nada por detener las invasiones.
Los nombres de los “propietarios” ya figuraban en algunos de los terrenos
Junto a la Expo fueron casi 500 los lotes ofertados por “líderes” que dividieron a la gente en grupos y les pedían sus documentos personales para integrar un expediente que aseguran harán llegar este lunes a las autoridades municipales.
Cinco zonas de la ciudad fueron invadidas sin impedimento
LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD
El secretario de Gobierno, Francisco López Mena, aseguró que, por instrucciones del gobernador Carlos Joaquín, se ofrecerán soluciones de vivienda a los habitantes que con engaños fueron inducidos para invadir predios propiedad del Ipae.
Las exigencias de vivienda en el municipio de Tulum son legítimas, pero las soluciones deben darse con orden y apego a la ley, fue la instrucción que giró el Gobernador Carlos Joaquín, refirió.
La alcaldesa de Tulum, Romalda Dzul, reunida con Francisco López Mena, secretario de Gobierno
Funcionarios de la Secretaría de Gobierno y de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda acudieron al lugar de los hechos y apoyados por el Secretario del Ayuntamiento, Martín Cobos, sostuvieron pláticas con un grupo representativo de los inconformes.
Durante la reunión se dejó en claro que existirá el apoyo del Gobierno del Estado para encontrar soluciones a su necesidad de vivienda a través de un proyecto que cuente con servicios públicos y ordene el crecimiento urbano de Tulum.
El secretario de Gobierno, en reunión con la presidenta municipal de Tulum, Romalda Dzul Caamal, establecieron iniciar las investigaciones respectivas y giraron las instrucciones pertinentes para resolver el problema con apego a la ley.