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  • Continuarán acciones para recuperar el patrimonio, afirmó Carlos Joaquín

    Continuarán acciones para recuperar el patrimonio, afirmó Carlos Joaquín

    CHETUMAL, Q. ROO.- El gobernador del estado,  Carlos Joaquín, comentó que se continuará con la recuperación del patrimonio de Quintana Roo, lo anterior luego de la detención de Mario Castro Basto, ex titular de Sintra, otrora delegado de Diconsa y ex integrante del consejo de la paraestatal Vip Saesa, acusado de malversación por 500 millones de pesos.

    La detención del ex funcionario de la administración de Roberto Borge obedece al deslinde responsabilidades ansiado por los quintanarroenses, afirmó el gobernador Carlos Joaquín, quien agregó que no se solapará ninguna irregularidad.

    “Se sigue trabajando en ese sentido, había una condición desde el inicio de la administración de llevar a cabo las auditorías y las revisiones y que estas tuvieran los resultados que deben tener, que son hacer pagar a quien haya tenido culpa y recuperar parte de lo que se fue”, apuntó.

    Por la complejidad de estos casos es imposible haya resultados con celeridad, pero afirmó que se deslindarán responsabilidades.

    Hasta ahora son 11 los ex colaboradores de Borge Angulo que han sido detenidos, aunque como se recordará son más de 84 los funcionarios y ex funcionarios que han sido denunciados por irregularidades por poco más de 11 mil millones de pesos durante pasada administración.

  • “Atoradas” denuncias contra ex funcionarios

    “Atoradas” denuncias contra ex funcionarios

    Agencia EQR

    CHETUMAL, Q. ROO.- De 25 denuncias interpuestas contra ex funcionarios que atentaron contra el patrimonio de Othón P. Blanco, sólo dos prosperarán y serán en contra de un ex servidor  público de bajo rango.

    Corresponderá a la siguiente administración municipal de Othón P. Blanco dar seguimiento al deslinde de responsabilidades, afirmó la síndico, Marcela Rojas López.

    El imputado es el ex subdirector de Construcción de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, Edberto Cahuich Rodríguez, por otorgar permisos de chapeo y licencias de funcionamiento por un monto de casi medio millón de pesos.

    Y es que ausencia de peritos especialistas en materia fiscal limita el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE), afirmó Rojas López, por lo que 21 denuncias penales en contra del ex presidente municipal de Othón P. Blanco, Eduardo Espinosa Abuxapqui y sus colaboradores no procederán en lo que resta de la presente administración estatal.

    Solamente dos pasarían a la etapa de desahogo de pruebas y posteriormente a sentencia antes de que concluya la administración municipal actual… Las más avanzadas son por desempeño irregular de la función pública, las que van más lentas son las que están relacionadas con peculado y enriquecimiento ilícito, debido a que la FGE carece de peritos contable en Chetumal, y están pidiendo ayuda a otras instancias”, expresó.

    La síndico municipal de Othón P. Blanco dijo estar segura de haber aportado pruebas suficientes para sentenciar a los responsables.

    Asimismo, solicitó voto de confianza a la siguiente administración para continuar con el seguimiento correspondiente y finalmente se pueda proceder en contra de los ex servidores públicos municipales.

  • Continúan procesos judiciales contra ex funcionarios, confirma Fiscalía

    Continúan procesos judiciales contra ex funcionarios, confirma Fiscalía

    CHETUMAL, Q. ROO.- La Fiscalía General del Estado informó en relación a los casos de los exfuncionarios que están siendo llevados judicialmente a través la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Paula González Cetina ex titular de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) continúa en prisión preventiva justificada y el proceso judicial se mantiene a efecto de lo que pueda determinar el Juez Control y los fiscales se encuentra preparando el recurso correspondiente.

    En cuanto al caso que se está llevando con Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, no hay modificaciones, ni suspensión, el proceso se mantiene, se conservan vigentes las órdenes y está en calidad de capturable.

    Como ya se ha informado puntualmente con las carpetas de investigación de Carlos Acosta ex director de Vip Saesa y Ana Alicia Rivera ex directora de Finanzas de la CAPA, un juez de Control de primera instancia del Distrito Judicial de Chetumal decretó cambiar las medidas cautelares que les fueron impuestas, esto a partir de la propia facultad del juez, no derivado de algún amparo.

    La calidad de cambio de medidas recae en el juez de Control y se encuentra plasmada en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el procedimiento de cambio recae en cualquier juez de control en cualquier distrito del país, este ha sido autorizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que el 20 de marzo del presente año refirió la legalidad del uso del arraigo domiciliario para los fines de que en ello se necesite, por lo que el procedimiento que se llevó con los dos imputados refiere una facultad y no a un amparo y que en todo momento la Fiscalía Especializada informará con objetividad, claridad y conforme a Derecho a la ciudadanía.

    Debido a la calidad de interés que la Fiscalía Especializada en Anticorrupción puede llegar a tener, se ha procurado que la sociedad sea informada de cómo se están llevando a cabo cada juicio, y así se seguirá manteniendo con la finalidad de que no exista ninguna duda que los procesos de judicialización llevan con forme a la ley que nos rige.

  • En proceso diez inhabilitaciones contra ex funcionarios municipales

    En proceso diez inhabilitaciones contra ex funcionarios municipales

    Agencia EQR

    CHETUMAL, Q. ROO.- Un total de diez resoluciones de inhabilitación por cinco años contra ex funcionarios de la administración del ex alcalde Eduardo Espinosa Abuxapqui han sido emitidas por la Contraloría del Ayuntamiento de Othón P Blanco, la cual, en los próximos días estaría por formular cuatro más en contra de ex funcionarios de primer nivel que figuraron  ese mismo periodo, donde se podrían incluir al ex alcalde y cercanos colaboradores, dio a conocer el contralor capitalino, Miguel Palomo Tuyub.

    “Yo ya he emitido como diez resoluciones de inhabilitación, pero ellos recurren a un recurso de revocación y estamos en eso, en la pelea; son varias carpetas están en proceso entonces unos tres a cuatro más por salir”, expresó.

    Dijo que los ex funcionarios involucrados en los diez procesos de inhabilitación que ya han sido emitidos por cinco años, se han apegado al recurso de revocación por lo cual en la actualidad se lleva un proceso jurídico para poder sostener esta resolución y estos sean sancionados tal  como ha sucedido con Claudia Granados y su sucesor.

    Queremos irnos al máximo, que son diez años; en varios procedimientos le vamos sumando, pueden ser tres años, cinco años y así para llegar a diez; en este caso lo que es administrativo lo estamos sancionando y lo que es penal lo estamos turnando a la Fiscalía”, dijo.

    Añadió que la actual administración del Ayuntamiento de Othón P. Blanco ha documentado las denuncias y ahora le corresponde a la FGE hacer la investigación correspondiente.

    Sin embargo, adelantó que las acciones de investigación continúan, ya que aún existen expedientes administrativos turnados al área jurídica, la cual determinará la sanción correspondiente, que incluye la inhabilitación.

  • Detectan más daño al erario, ahora por 4 mil mdp

    Detectan más daño al erario, ahora por 4 mil mdp

    CHETUMAL, Q. ROO.- Rafael del Pozo Dergal, secretario de la Contraloría del Estado, informó que se presentaron siete nuevas denuncias penales por ejercicio irregular de la función pública por un monto cercano a los cuatro mil millones de pesos; detalló que en las denuncias están involucradas al menos 84 ex funcionarios públicos de la pasada administración estatal. En total se considera una cifra de afectación por más de 13 mil millones de pesos al erario público.

    Agregó que en las últimas semanas son siete las denuncias que se han interpuesto en contra de diferentes ex funcionarios de la pasada administración gubernamental, y explicó que se prevé aún interponer más de 20 denuncias, ya que se está documentando y acotando información que pueda sustentarlas ante las autoridades penales estatales y federales para evitar que queden varios hechos en la impunidad.

    Del Pozo Dergal especificó que de las siete denuncias ya interpuestas se calcula son por afectaciones calculadas en más de cuatro mil millones de pesos.

    Lo anterior derivado de la realización de auditorías, de los procesos de entrega-recepción y discrepancias en las declaraciones patrimoniales de ex funcionarios.

    Dijo que se ha tenido mayor hermetismo en cuanto a la información de las nuevas denuncias que se han realizado, esto debido a que al darse a conocer a través de los medios de comunicación, muchos ex funcionarios toman previsiones como amparos entre otras “salidas” para evitar acciones penales en su contra.

    Se calcula que sean un total de 50 denuncias que se conjuntarán por parte de la actual administración gubernamental por irregularidades en diferentes dependencias, incluso en el sector salud, lo que no se había dado a conocer.

    Mencionó que la Contraloría ha detectado que son poco más de 13 mil millones de pesos la afectación total al patrimonio del estado, cifra que es diferente a la mencionada por parte de la Auditoría Superior de Fiscalización. Lo anterior, dijo, se debe a que son dos universos distintos que se trabajan en cuanto a números, dependencias y procedimientos que derivarán en dichas denuncias penales estatales y federales contra ex funcionarios de Roberto Borge.

  • Faltan ex funcionarios por caer; Cobos “en la mira”

    Faltan ex funcionarios por caer; Cobos “en la mira”

    CHETUMAL, Q. RO.- El fiscal general del Estado, Miguel Pech Cen, negó que se trate de una venganza política los 13 procesos que se han establecido en contra de ex funcionarios que afectaron al patrimonio del estado. Señaló que el caso de la vinculación a proceso de Mauricio Góngora es parte de un trabajo que se viene realizando desde el año pasado y donde se tienen más órdenes de aprehensión que se liberarán en los próximos días.

    En primera instancia recordó que este fin de semana se concedió por un juez de control la vinculación de proceso al ex alcalde de Solidaridad, Mauricio Góngora Escalante, además de la prisión preventiva por dos meses y el aseguramiento de propiedades y vehículos.

    Comentó que son diez los ex servidores públicos que han sido detenidos por diferentes denuncias que se han realizado tanto por el estado como autorices federales.

    Dijo que en relación a “posibles venganzas políticas”, negó que esto sea así, ya que en el caso de Góngora Escalante es parte del seguimiento que se venía realizando desde 2017 por denuncias hechas por autoridades de Solidaridad.

    Apuntó que este gobierno y la responsabilidad que ostenta tiene la obligación de cumplir con los objetivos y promesas realizadas en su momento para que la legalidad y  apego a derecho sea el principal pilar en el actuar de todos los servidores públicos más allá de intereses personales o políticos.

    En este punto afirmó que se esperan más detenciones, ya que son 13 las denuncias que se han presentado formalmente por desempeño irregular de la función pública y peculado.

    Pero adelantó que en los próximos días también se sumarán más denuncias debido a que se siguen realizando auditorías al interior de la administración pública estatal.

    En la mira

    Tras la detención del ex candidato a la gubernatura Mauricio Góngora, el ex secretario de Gobierno Gabriel Mendicuti y otros ex funcionarios que fueron personajes allegados a Roberto Borge Angulo, la Fiscalía sigue trabajando en otras denuncias de ex colaboradores como Martín Cobos Villalobos, ex titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), quien ha sido señalado de heredar una deuda de 72 millones 600 mil pesos con proveedores, créditos a corto plazo y falta de apoyo a deportistas.

    Hay que recordar que desde Julio del año pasado Martín Cobos solicitó un amparo federal para evitar la acción legal en su contra por posibles ordenes de aprehensión, sin embargo forma parte de una lista de 84 ex funcionarios públicos que generaron el quebranto del erario público de Quintana Roo por más de 12 mil millones de pesos, señalamientos confirmados por parte de la misma Auditoría Superior de Fiscalización.

    El también ex secretario del Ayuntamiento de Tulum, Martín Antonio Cobos Villalobos, buscó un amparo federal en 2017 ante el temor de ser perseguido y detenido como fue el caso de su ex jefe directo Roberto Borge Angulo.

    Emiliano Ramos diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta comentó que al igual que ha estado sucediendo con los personajes que han sido detenidos en los últimos días, Martín Cobos ex titular de la Cojudeq y otros más, deben estar preparados para enfrentar la justicia, ya que no se trata de un tema político, sino del cumplimiento de la legalidad.

    Señaló que muchos ex colaboradores que participaron en el quebranto del patrimonio del estado deberán rendir cuentas ante las autoridades correspondientes y esclarecer donde quedaron los recursos señalados y en su caso probar su inocencia, si así fuera el caso.

    Es importante mencionar que Martín Cobos ha sido parte de las operaciones políticas en el municipio de Tulum, en donde buscarán la reelección de Romalda Dzul Caamal o personajes allegados con el objetivo de conseguir protección política en esta época de detenciones

  • Descartarán diputados 60 juicios políticos

    CIUDAD DE MÉXICO.- La Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados, que analiza los expedientes de juicio político presentados desde el año 2003, se alista para desechar un segundo gran paquete de 60 carpetas de denuncias contra funcionarios y ex funcionarios.

    Hace dos semanas, los integrantes de esa instancia dieron carpetazo  a 109 demandas cuyo plazo para ser atendidas venció. El total de denuncias acumuladas en la Subcomisión era de 364, de modo que dejaron pendientes 255 casos, de los cuales, 60 más quedarán en el archivo muerto.

    Entre los juicios desestimados están los presentados contra los ex gobernadores de Nuevo León, Rodrigo Medina; de Oaxaca, Ulises Ruiz; los ex jefes de Gobierno del anterior Distrito Federal, Marcelo Ebrard y Alejando Encinas; así como los ex consejeros del anterior Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde y Leonardo Valdés.

    En cuanto a las demandas que se desecharán la siguiente semana, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Hernández, puntualizó que de los 60 casos, en 51 de ellos se declarará que la Subcomisión no tiene competencia en el asunto, pese a que existiesen pruebas y elementos contra los señalados.

    Los denunciados podrían haber sido “unos pillos”, pero la Cámara no tiene facultades para intervenir, apuntó Hernández Soriano.

    “Porque no tenemos materia nosotros, aunque sean unos pillos, si no están en la Constitución señalados como sujetos a juicio, aunque esté comprobad a la evidencia de alguna actitud ilícita o una falta administrativa, si no están en el catálogo, la Subcomisión de Examen Previo no puede incoarlos o iniciarles un procedimiento”, planteó.

    “Están señalados por conductas que muchas veces no son consideradas para juicio, por ejemplo por asesinato o esto, eso ya le corresponde a la autoridad local, porque es un delito del fuero común”, explicó el legislador.

    Indicó que entre las denuncias que serán enviadas  a la basura, se encuentran los casos de nueve ex funcionarios ya fallecidos, como el ex titular del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, denunciado por el incendio en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora; así como los ex secretarios de gobernación Juan Camilo Mouriño Terrazo y Francisco Blake Mora, quienes coincidentemente fallecieron en incidentes aéreos.

    Asimismo, se desestimarán, por falta de competencia del Legislativo, juicios políticos presentados contra el ex procurador del anterior Distrito Federal, Bernardo Bátiz; el actual Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Mancera, por anomalías cometidas durante su encargo como procurador capitalino; alcaldes de distintos municipios del país; ex delegados capitalinos; jueces y personajes como el ex procurador fiscal, Javier Laynez; y el ex integrantes de la anterior Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan. (Fuente: Noticias MVS).