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  • Indígenas mayas en Yucatán denuncian despojos de tierra que datan de 1847

    Indígenas mayas de la Península de Yucatán, en el sureste de México, denunciaron que siguen padeciendo el despojo de sus tierras, una problemática que arrastran desde la Guerra de Castas, que comenzó en 1847, debido a la desigualdad social y la explotación.

    “Este mes de julio se cumplen 178 años de la rebelión de nuestros abuelos mayas y seguimos sufriendo el robo de tierras”, dijo a EFE Simón Ku Ek, excomisario de Sahcabá Santos, quien junto con otros ejidatarios contra demandaron a empresarios que los acusan del “despojo de 120 hectáreas” que, alegan, son suyas.

    Aunque han demostrado con documentos que esas tierras pertenecen a 371 campesinos de Sahcabá, comisaría de Hocabá, los afectados acusaron que los empresarios “nos quieren robar, no acatan la orden del Tribunal Unitario Agrario”.

    El caso ya lleva siete años, pese a que un tribunal dictó sentencia favorable para los ejidatarios, pero los empresarios se ampararon y el litigio sigue por lo que los indígenas no pueden sembrar.

    La problemática no se limita a aquel lugar, ya que otras 340 personas del ejido Cinco Colonias de Mérida interpusieron hace cinco años una demanda por el despojo de 18 hectáreas en la capital yucateca.

    “También tenemos pendiente el pago de 204 hectáreas que nos expropiaron para construir el aeropuerto de Mérida”, aseguró don Faustino Mena Crespo, comisario del ejido Cinco Colonias.

    Manifestó su confianza en que las autoridades encabezadas por el gobernador Joaquín Díaz Mena y el gobierno federal resuelvan los casos de despojo, ya que, según ellos, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, conoce la problemática.

    “Cuando la mandataria vino a Mérida le entregamos copias de las denuncias que interpusimos, porque el Instituto de la Vivienda de Yucatán (IVEY) promovió hace años la invasión de 18 hectáreas en la colonia Roble Alborada, donde otorgaron lotes con escrituras sobre nuestras escrituras”, aseveró.

    El abogado Luis Antonio López confirmó que anualmente se registran decenas de denuncias por despojo y robo de tierras, no sólo en Mérida y Sahcabá, sino en Conkal, Ucú y otras comisarías de la Península y zonas costeras.

    “Los empresarios y gente foránea se aprovechan de la ignorancia de los campesinos mayas”, explicó el litigante.

    Lamentó que gente sin escrúpulos utilice lagunas de la Ley Agraria y se aprovechen de grandes extensiones de terreno que compran a precios “risibles” a los indígenas para luego revenderlas “al triple de su valor”.

    “Urge frenar a los especuladores, las tierras mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo están desapareciendo con el consentimiento de las autoridades agrarias”, advirtió.

    La rebelión de La Guerra de Castas, que comenzó en julio de 1847 y terminó en 1901 entre los mayas Cruzo’ob contra los criollos y mestizos se debió a los abusos y despojo de tierras, “pero eso no ha cambiado nada”, aseveró.

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  • Organizaciones sociales denuncian a aspirantes en la elección judicial por nexos con el crimen

    Organizaciones sociales acudieron al Instituto Nacional Electoral (INE) para llevar sus denuncias contra 11 candidaturas al Poder Judicial, por considerarlas “un riesgo para la impartición de justicia”, ante la omisión de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, para revisar la idoneidad de los perfiles.

    El especialista electoral Arturo Espinosa Silis aseguró como vocero de las organizaciones Laboratorio Electoral, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Defensorxs y Politiklab, que “ no puede haber ningún candidato que represente un riesgo para la impartición de justicia , creemos que hubo una omisión tremenda en los Comités de Evaluación al revisar los perfiles, no debieron ceñirse sólo a valorar requisitos legales, sino a ver si tenían la ética suficiente para poner la justicia en sus manos”.

    Asimismo indicó que las organizaciones se dieron a la tarea de buscar elementos que los tres Poderes no buscaron y eran evidentes y, por lo tanto, solicitan tanto medidas al Senado, como al INE a que tomen.

    Las candidaturas denunciadas son las de:

    Cinthia Guadalupe Teniente Mendoza, a magistrada de circuito laboral en Guanajuato, y Job Daniel Wong Ibarra, a magistrado laboral en Jalisco, son acusados ​​de complicidad con Naasón Joaquín, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, quien está encarcelado en Estados Unidos por pederastia.

    Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal en Michoacán, mencionado en el asesinato de dos periodistas

    Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez penal en Nuevo León, con presuntos antecedentes penales por narcomenudeo

    Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez penal en Nuevo León, defensor de integrantes del cártel de Los Zetas

    Andrés Montoya García, aspirante a magistrado de circuito en materia de apelaciones en Sonora, mencionado en desaparición de un reportero

    Eluzai Rafael Aguilar, candidato a jueza penal en Guadalajara

    Karina Sánchez Ruiz, aspirante a magistrada de Tribunal mixto en Oaxaca

    Cesiah Keren León Rocha, jueza civil

    Madián Sinaí Menchaca Sierra, jueza en materia administrativa

    Betzabeth Almazán Morales, jueza civil