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  • Colombiana avala ley que prohíbe corridas de toros, peleas de gallos y cabalgatas

    La Corte Constitucional de Colombia aprobó este viernes la ley aprobada por el Congreso en mayo de 2024 que prohíbe las corridas de toros y añadió al veto las peleas de gallos, las cabalgatas y el coleo, que consisten en derribar ganado desde un caballo.

    La Sala Plena de la Corte declaró “ajustada a la Constitución” la ley que dispone “una transformación cultural mediante la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas” e incluyó “las cabalgatas, las actividades sobre los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos”.

    La ley, firmada por el presidente Gustavo Petro en julio de 2024, desarrolló un período de transición de tres años para diseñar un programa de reconversión económica de los afectados por el cese de las corridas de toros, por lo que está previsto que la norma comience a regir en 2027.

    Colombia estaba en la lista de ocho países que permitían las corridas de toros como una actividad legal, junto a España, Portugal, Francia, Ecuador, México, Perú y Venezuela, pero pasará en 2027 a la de los que prohíben la tauromaquia.

    Los toros y la tauromaquia han sido un tema polémico de la agenda política y legislativa del país en los últimos años, con varios intentos de promover en el Congreso una ley que los prohibiera hasta 2024, cuando fue aprobada finalmente.

    Las corridas de toros, tradicionalmente populares en Colombia, fueron perdiendo seguidores y en la actualidad solo las hay en las plazas de Cali (suroeste) y Manizales (centro), ciudad que tiene la afición más grande del país, así como en algunos escenarios de pueblos de provincia.

  • SCJN avala embargo de Afores para pagar pensiones alimentos

    Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) autorizó el embargo excepcional de fondos en Afore para garantizar el pago de pensiones alimenticias a menores de edad, cuando el titular de la cuenta esté desempleado y sin otros recursos disponibles.

    Por unanimidad en la Primera Sala se tomó la decisión de embargar la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en proporción equivalente a lo que el trabajador podría retirarse voluntariamente por desempleo. Esto representa el primer precedente legal que flexibiliza el artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (SAR) que hasta ahora prohibía embargos sobre dicha subcuenta.

    En términos simples permite embargar:

    • El deudor alimentario está realmente desempleado.
    • No ha hecho aportaciones voluntarias a su Afore (las cuales deben usarse primero).
    • No cuenta con otros bienes para cumplir con su obligación.

    Igualmente, el monto embargado deberá ajustarse al límite legal para retiros por desempleo: el menor entre 65 días de salario básico en los últimos cinco años o el 10 por ciento del saldo de la subcuenta.

    Igualmente, la Suprema Corte insistió en que un veto absoluto al embargo contradice el interés superior de la infancia, principio constitucional que debe prevalecer en casos de pensión alimentaria . Aunque no se declaró inconstitucional el artículo 79, se realizó una interpretación excepcional para permitir esta medida en situaciones de vulnerabilidad.

    Cabe destacar que este fallo marca una parteaguas en la justicia familiar, al priorizar el derecho de los menores a recibir alimentos por encima de la protección patrimonial del trabajador desempleado.