Isidro Santamaría Casanova, dirigente estatal de la CTM, tiene una audiencia ante el Tribunal Colegiado de Apelación, mañana miércoles, para revisar la solicitud de amparo que presentó su defensa, en contra de su encarcelamiento por el delito de trata de personas.
Esta causa penal, de fuero federal, es distinta al proceso estatal que llevó a su detención en diciembre del año pasado, por el delito de homicidio, por la cual también tiene dictaminada la prisión preventiva.
Luz María Peón Cardín, integrante del colectivo de Madres Buscadoras, y progenitora de Luis Fernando Peón Cardín, asesinado en 2018, exhortó a las víctimas del dirigente cetemistas a que alcen la voz y se pronuncien, para evitar que pueda evadir su responsabilidad por esos otros hechos.
Acompañada de la abogada y activista Ariadne Song Anguas, la ciudadana cancunense aclaró que, en el caso del homicidio de su hijo, Isidro Santamaría ya había solicitado un amparo y éste le fue negado; sin embargo, teme que, de lograr el amparo por trata de personas, Santamaría Casanova pueda iniciar una ruta hacia su libertad.
“Pido lo mismo que he pedido desde hace tantos años: que se realice una investigación apegada a la ley, y que, si los testigos no pudieran ser localizados, la autoridad debiera darse a su búsqueda, la que debiera ser de oficio”, señaló.
Isidro Santamaría, cabe recordar, fue previamente detenido en 2019, acusado de trata de personas, luego de la liberación de varias mujeres del club nocturno “Dassan” de su propiedad. Ese proceso sigue vigente, aunque él había obtenido la libertad condicionada en 2022.
En noviembre del año pasado el dirigente de la CTM fue detenido por segunda ocasión, ahora acusado del homicidio de Luis Fernando Peón Cardín, un colaborador suyo que fue acusado de robo y que apareció sin vida en 2018.
Después de su detención, al dirigente le volvieron a imponer prisión preventiva por el proceso de trata de personas, misma que él ahora trata de revertir, por medio de un amparo.
La abogada Ariadne Song Anguas indicó que, aunque se trata de delitos distintos, su cliente tiene un temor justificado a que el influyente político y sindicalista pueda quedar libre, pues es común que violadores de la ley y gente vinculada a proceso acudan ante la justicia federal en busca de amparos.
También es recurrente que los jueces federales emitan resoluciones favorables, sin analizar a fondo el proceso en cuestión. Aunque se trata de procesos realizados conforme a derecho, quienes tiene los medios para ello, pueden retrasar la justicia por años a través de amparos, lo que supone un “infierno” para sus víctimas, alegó.
“Solo pedimos justicia y exhortamos a las víctimas afectadas por esta persona que alcen la voz, se nos unan y pidan justicia”, declaró.
