Quintana Roo, Mx.- El Centro de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, señaló que los índices delictivos en Quintana Roo van a la baja desde septiembre del 2018.
De acuerdo a las estadísticas, los índices delictivos han registrado descenso después de que Alberto Capella Ibarra asumiera la dirección de la secretaria de Seguridad Publica en Quintana Roo.
En el año en que Capella tomo el cargo, antes de que entrara en operaciones el Mando Único Policial en Quintana Roo se registraron 763 homicidios dolosos, delitos de alto impacto que se toma como referencia del nivel de inseguridad y violencia que priva en los estados.
En 2019 el número de casos bajó a 685 y hasta septiembre pasado el reporte del 2020 fue de 463 casos de homicidios dolosos.
De igual forma referente a los delitos de secuestro, la tendencia es la misma ya que en el 2018 se registraron 24 casos y en este 2020 tan solo se han registrado 9 casos.
En robos a casa, de los 2,940 reportados en 2018 este año han bajado a 1,392; mientras en robos de vehículos la cifra disminuyó de 2,292 a 1999 entre los respectivos períodos.
>Carlos Mimenza Novelo, los hermanos Millar y Magdaleno Infante conspiran para intimidar al gobernador del estado, Carlos Joaquín y atacar, amenazar y violentar a periodistas que no se suman a sus intenciones ilegítimas >>A fin de “potencializar” sus intenciones, Carlos Mimenza ofrece una conferencia de prensa en la Ciudad de México; no obstante que está a punto de ser recluido por delitos de amenazas y en contra de la libertad de expresión
CANCÚN, QUINTANA ROO.- La cercanía de los tiempos de elecciones y la urgencia de Carlos Mimenza Novelo de no pisar la cruda realidad de la reclusión, le ha motivado para cometer más delitos y tratar de justificarlos en el marco de un complot dirigido al gobernador del estado, Carlos Joaquín González y a los periodistas que no se suman a sus ocurrencias.
Esta campaña de mentiras que constituyen delitos a la intimidad personal por la vía penal y daño moral por la vía civil, que él, junto con los también buscados por la Interpol, Heriberto y Alberto Millar y operado mediática y mediocremente por Magdaleno Infante han instrumentado a través del uso de espectaculares.
LOS HECHOS DETRÁS DE LOS ESPECTACULARES
Trasciende que justo las estructuras que se ocuparon para colocar mensajes que invaden la vida privada del gobernador del estado y que, aunque fuera cualquier otro ciudadano rayan en la comisión de delitos graves, son los mismos que, en su momento, la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Beristain Navarrete facilitó al empresario sentenciado, Carlos Mimenza para ejercer actos anticipados de campaña con la propaganda “#RescatemosSolidaridad”.
Como es del conocimiento general, Laura Beristain Navarrete ha sido asociada a las acciones de la empresa Félix-borgista que encabeza un sinnúmero de acciones para pretender regresar al poder político y económico.
LA HIDRA QUE SE EXTIENDE TANTO COMO LE ES POSIBLE
Las cabezas visibles de la empresa Félix-borgista suma desde hace años a más personajes. Desde la administración de Félix González Canto, la suma de voluntades traspasó los intereses particulares de partidos y asociaciones políticas.
Así, desde las bases del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la empresa Félix-borgista sumó a los hermanos Beristain a sus filas, a través de granjearles posturas de representación popular, siempre por el principio de representación proporcional (plurinominales), negociados con las dirigencias estatal y nacional del PRD y, desde luego con los órganos electorales.
El tema siempre fue, contar con representantes de los intereses particularísimos de los deleznables ex gobernadores.
Y lo hicieron con varios partidos políticos y sus militantes; con el Verde a través de la alguna vez senadora Ludivina Menchaca, el ahora dirigente, José de la Peña Ruiz de Chávez, del propio gris dirigente nacional, Jorge Emilio González; los ex presidentes municipales PaulMichell Carrillo de Cáceres y Remberto Estrada Barba; en el Partido del Trabajo con Hernán Villatoro, entre otros personajes.
Y por supuesto, trasciende la incursión reciente en Morena con gente de la paupérrima calidad moral de la senadora Marybel Villegas Canché, militante de todos los partidos políticos, de las diputadas locales, Erika Guadalupe Castillo Acosta, Reyna Arelly Durán Ovando, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasís o, Edgar Humberto Gasca Arceo, o del diputado federal, Luis Javier Alegre Salazar.
Desde luego, además de las presidencias municipales de Solidaridad y Benito Juárez –no se equivoque, Mara también atiende a las órdenes de la empresa Félix-borgista-; está desde luego el “alfil que planta al caballo”, Laura Fernández Piña en Puerto Morelos.
LOS NUEVOS PEONES EN EL TABLERO
A toda esta maquinaria, se suma las adquisiciones de quienes quisieran figurar como enormes cabezas de Hidra, pero que no son más que unos poquitos y pequeños tentáculos, –peones, vamos-, alguna vez llamados “perros”; –voy a soltarles a mis perros favoritos-, habría sentenciado González Canto, Carlos Mimenza Novelo –el defensor, el que siempre “les hizo el paro” en la escuela a los débiles Betito y Félix.
Junto con Mimenza, desde Miami, los gemelos Millar quienes regresan a hacer exactamente lo que saben hacer mejor y que lo hicieron al amparo de “la empresa”, extorsionar, ajustar cuentas.
A todos ellos se suma un muy muy gris sujeto, Magdaleno Infante Delgado, quien llegara huyendo del estado de Tamaulipas donde su cabeza tiene precio; un gris “productor de contenidos”, tan malo como el video titulado “Cancuncito”, presuntamente producido por él.
Se trata pues de una insólita carrera entre la justicia y las bajas operaciones de los peones que serán los primeros en salir al intercambio de piezas.
Les caracteriza una terrible estrategia “ladrar antes de morder”, pero quienes han tenido la necesidad de guardar la compostura pudiera ser quien tire la tarascada mortal sin siquiera avisar.
CANCÚN, Q. ROO.- Un juez negó la suspensión definitiva dentro del juicio de amparo solicitado por Alberto Millar López contra el aseguramiento de un predio en el ejido Bonfil en el municipio de Benito Juárez y que habría obtenido de manera fraudulenta, con ayuda del gobierno de Roberto Borge.
Esta resolución se da a casi un mes de que la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, asegurará el predio de más de cinco hectáreas del que Alberto Millar argumenta ser el legal propietario.
Ante este panorama, a través de su red social Facebook, Alberto Millar López suplicó “de rodillas” al gobernador del estado, Carlos Joaquín González, “un juicio justo” para que pueda ser escuchado y tenga acceso a la defensa jurídica.
Señor Gobernador Carlos Joaquín: Le escribo en nombre de mis dos pequeños hijos, de mi familia y del mío propio, muy humildemente señor para hacer de su conocimiento que soy y he sido objeto de una persecución, una calumnia y víctima de la Fiscalía General del Estado, me han dañado patrimonialmente, y a las familias que laboraban en mi empresa de estacionamiento, lo han hecho también con mi persona, no me dan acceso a defenderme ni escucharme, no he sido notificado ni informado el motivo del aseguramiento de mi propiedad la cual adquirí legalmente y no a precio de ganga ni regalado, se que la fiscalía y el fiscal son autónomos e independientes. Le suplico de rodillas señor Gobernador se me haga un juicio justo y se me dé acceso a la carpeta de investigación y me den la oportunidad de defenderme y ser escuchado cosa que no me han permitido. Le agradezco señor gobernador la imparcialidad y me reitero a sus humildes órdenes. Bendiciones !”(sic).
Alberto Millar enfrenta acusaciones dentro de la carpeta de investigación FGE/QR/BJ/II/24896/2019.
El
empresario Alberto Millar López, ex propietario de la desaparecida revista
“Polémica” y hermano de Heriberto Millar, ex propietario del periódico
“Respuesta”, usados para la ‘guerra sucia’ por el gobierno de Roberto Borge
Angulo, publicó en su cuenta de Facebook un video en el que exige justicia
pareja para todos, alegando que a él no le regalaron el predio que le fue
incautado ayer, sino que lo compró al IPAE, como muchos otros empresarios en
esa zona.
En el video,
titulado “Comunicado No. 1”, dedicado a la opinión pública y de cerca de 20
minutos de duración, el empresario dio una explicación pormenorizada de la
forma en la que adquirió este predio de cuatro hectáreas, en la Región 295,
conocida como la “zona de sascaberas” en el bulevar Luis Donaldo Colosio, mismo
que ayer fuera asegurado por la Fiscalía General del Estado y que era usado
como estacionamiento público.
Alegó que
nadie le regaló el predio, sino que se lo compró al Instituto del Patrimonio
Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE), por lo que acusó
de una posible persecución en su contra y cuestionó que por qué entonces no le
aseguran los predios comprados por otros empresarios, como Issac Hamui,
Abelardo Vara, desarrollos como Cumbres, Lagos del Sol, Villamagna o empresas
como Aqua.
Alberto Millar, ‘golpeador del Borgismo’ se hace la víctima y exige que le devuelvan predio asegurado
Comentó
también que junto a su predio hay otro de 7 hectáreas, que tenía como
posesionario a alguien que acaba de titular, Enrique Lechón Rosas, hermano del
notario 10 Francisco Lechón Rosas, quienes están casados con las dos hijas de
la ex senadora Addy Joaquín.
Aseguró que
su negocio ya se lo “echaron a perder”, ya sufriendo un daño patrimonial, y que
si la justicia aplica, debe ser pareja.
Según Millar
López, un familiar de su escolta era el posesionario del predio, Carlos
Hernández Cantón, y se lo ofreció en venta pues estaba enfermo, acordando una
cesión de derechos por este terreno, que esta persona había obtenido del ejido
Alfredo V. Bonfil.
Sin embargo,
y como él señala en el video, este terreno había sido expropiado y en realidad
pertenecía al IPAE, por lo que él solicitó una reunión con la entonces
presidenta del mismo, Claudia Romanillos Villanueva para “regularizar” (en
realidad adquirir) el terreno. Según él, la funcionaria estatal le señaló que
para ello, tenía que primero poner fin a algún posible litigio por el predio.
El juicio sigue por la vía civil
Ello, porque
parte de ese lugar era ocupado por Eduardo Paredes Moreno, quien allí tenía una
aeropista (aunque Millar asegura que estaba colindante a este terreno y que
tenía “tres fierros viejos” sin permiso para operar), y quien lo demandó por
despojo y daños, después de ser expulsado del terreno por la fuerza, hecho que
Millar no niega en el video, pues incluso señala que el juicio sigue por la vía
civil, por haber violentado su posesión.
De acuerdo a
su narración, fue hasta que obtuvo el no ejercicio de acción penal (hasta que
la Fiscalía borgista desistió el caso) que logró un contrato de compraventa y,
después de un año de pagar las mensualidades, logró la titulación, admitiendo
estar nervioso ya que la administración de Roberto Borge Angulo estaba por
terminar.
Sin embargo,
esto se contradice por un audio filtrado por Noticaribe en 2016, donde en una
llamada con un amigo, Alberto Millar se jacta de tener tanto el no ejercicio de
acción penal como la titulación, las que habrían salido de manera simultánea.
De hecho, en
toda esta detallada explicación no entra en la verdadera materia de lo que se
le acusa en los distintos medios de comunicación, que es haber obtenido un
predio, no gratis, pero sí a un precio muy inferior al de su valor real.
Millar pagó
250 pesos el metro cuadrado por este predio de 4 hectáreas, cuando su valor
comercial se estima en 10 mil pesos. Eso significa que lo obtuvo a un 2.5% de
su precio real, unos 14 millones de pesos, en pagos mensuales, en lugar de 560
millones de pesos. Los quintanarroenses así perdieron unos 546 millones de
pesos en patrimonio público.
Cabe
destacar que, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, el litigio por el
que fue asegurado el predio, de acuerdo a la carpeta 15011/2019, ni siquiera es
por esta cuestionable compraventa, sino por un supuesto fraude procesal, pues,
según la parte acusadora, a él se le dio un poder para poder hacer las
gestiones para “regularización” (en realidad compra) de este terreno ante el
IPAE, incluso recibiendo él un dinero a cambio, pero en cambio, Millar la
compró para él, cosa que el querellante supuestamente vino a descubrir el año
pasado, al enterarse que este terreno estaba en venta.
Esto es casi lo opuesto de lo que mencionó este empresario en el video, pues, como ya se consignó, él dijo que el posesionario, Carlos Hernández Cantón, le entregó una cesión de derechos, recibiendo un dinero a cambio. También afirmó que ya le perdió el rastro a esta persona y que ignora los motivos por los que fue asegurado el predio.
También hizo un exhorto a la Fiscalía General del Estado para que permita la salida de los vehículos que allí tenían sus clientes, que incluye a una transportadora turística, a la concesionaria Hyundai, entre otras. (Con información de Noticaribe).
La Fiscalía
General del Estado de Quintana Roo realiza un cateo y aseguramiento de un
predio, sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, en Región 295 de Cancún, cuyo
propietario es Alberto Millar, quien fuera dueño del desaparecido diario La
Respuesta, en Playa del Carmen.
Asegura Fiscalía predio de Alberto Millar, quien fue beneficiado por el Borgismo
Cabe
recordar que los hermanos Millar fueron beneficiados por la administración de
Roberto Borge con este predio, al adquirirlo a un costo de 30 pesos el metro
cuadrado, cuando su valor real es de 600 mil millones de pesos.
El
aseguramiento de este predio de los hermanos Millar en la avenida Colosio de
Cancún, presuntamente se ejecuta derivado de una investigación en contra de uno
de ellos, el cual actualmente está prófugo de la justicia, y cuyo medio de
comunicación cerró al término del gobierno de Roberto Borge Angulo, quien continúa
preso en el centro federal de reinserción psicosocial de Ayala, Morelos.
El gobierno de Borge beneficio con terrenos a los hermanos Millar
El
exgobernador de Quintana Roo Roberto Borge, a través del IPAE, entregó un
título de propiedad de un terreno de casi 4 hectáreas a Alberto Millar López,
director de la revista Polémica, y hermano de Heriberto, director del periódico
Respuesta, ambos artífices de la ‘guerra sucia’ contra opositores antes y
durante la pasada contienda electoral.
El citado
predio se encuentra dentro de una superficie de más de 700 hectáreas que fue
expropiada al ejido Bonfil, en las afueras de Cancún, a solicitud del entonces
Gobernador del Estado, Mario Villanueva, por decreto presidencial del 4 de
julio de 1994.
Sin embargo,
este caso ejemplifica como el decreto de expropiación fue desvirtuado y hoy
esos terrenos se han usado para hacer negocios particulares y premiar a
incondicionales, en un claro caso de desvío de recursos públicos.
El título de
propiedad está firmado por Claudia Romanillos Villanueva, directora del IPAE
que apenas el pasado miércoles compareció en el Congreso donde fue duramente
cuestionada por los diputados de la XV Legislatura por la opacidad en la venta
del patrimonio inmobiliario de Quintana Roo.
Este es el documento de la supuesta compra del terreno
De acuerdo
con los diputados de Quintana Roo, en muchos casos el IPAE malbarató la reserva
territorial del estado a precios de ganga como se demostró en una reciente
transacción en la que cedió un amplio predio al Grupo Bahía Príncipe a razón de
sólo 65 pesos la hectárea.
Luego de que el gobierno de Roberto Borge, a través del IPAE, le expidiera un título de propiedad por un terreno que fue objeto de un despojo en la franja de tierras expropiadas al Ejido Bonfil, Alberto Millar, director de la revista Polémica, se burló y se ufanó de que también le habían otorgado el no ejercicio de la acción penal por una demanda presentada por Eduardo Paredes, representante de la Unión de Posesionarios y Colonos Alfredo V. Bonfil A.C.